ACCEDER A NUESTRO DIARIO>>> www.oktubremedios .com.ar…..

“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos". Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. "Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?", se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.

La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia --como la economía popular-- y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.