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El fiscal Diego Luciani arrancó este lunes su alegato con una acusación estruendosa, ampulosa, porque supo que era su oportunidad de dar un golpe mediático, más que judicial, teniendo en cuenta que los canales -sobre todo los aliados al macrismo- estarían transmitiendo casi en vivo.

Repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial del caso de las rutas de Santa Cruz, formulada en 2016: una declaración que fue demolida en los tres años de audiencias que lleva el juicio. Sostuvo el fiscal que las licitaciones fueron ficticias -incluyendo las 51 que ganaron las constructoras de Lázaro Báez--, porque contó con la complicidad de otras empresas nacionales --mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Eskenazi-- que, según dijo, simularon presentar ofertas, o sea habrían sido colaboradoras de un delito.

Aún así nunca se las imputó de nada. Tampoco explicó por qué esas constructoras favorecerían a Báez. Sobre esa base, Luciani afirmó que con esos métodos se constituyó una gigantesca asociación ilícita que, en verdad, incluiría a los gobernadores de Santa Cruz, porque todas las licitaciones se convocaron, adjudicaron y controlaron en la provincia.

Tampoco los gobernadores fueron acusados de nada. El razonamiento concluyó en que semejante asociación ilícita sólo podía concebirse con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner como jefes.