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“No hay nada de nada, ni siquiera un indicio”. “Los fiscales incurrieron en hipocresía funcional”. “Tergiversaron pruebas”. “Presentaron hechos falsos o inexistentes”. “Violaron la Constitución Nacional”. Con este cúmulo de acusaciones, de hecho, la defensa del extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, Héctor Garro, desmanteló minuciosamente la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Los abogados que alegaron este martes a la mañana dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro -ni una sola- fue financiada por el Estado nacional. O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.