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Saltaron a la fama cuando arrojaron antorchas encendidas contra la Casa Rosada o cuando acosaban a funcionarios y funcionarias por la calle con gritos, insultos o amenazas. Suelen llevar a sus manifestaciones horcas como mensaje al sistema político y reclamar “bala para el kirchnerismo”. Con pocos meses de vida, la agrupación Revolución Federal está en la mira de quienes ven con preocupación el crecimiento de grupos de ultraderecha que, según todo aparenta, son parte del caldo de cultivo que derivó el 1 de septiembre pasado en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La posible vinculación del grupo con el atentado a la vicepresidenta fue puesta bajo la lupa a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En los últimos días, la Unidad de Información Financiera (UIF) llevó a los tribunales de Comodoro Py un informe confidencial que pone el foco en el financiamiento de esta organización: advierte que el fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, --como reveló la semana pasada Página/12-- recibió una transferencia por casi 2 millones de pesos de un fideicomiso que estaría vinculado a la familia Caputo.

Revolución Federal tiene menos de cinco meses de existencia y ya hizo méritos suficientes para ser investigada por la justicia federal. Esta semana se definirá si la continúa investigando Marcelo Martínez de Giorgi como un grupo que difunde mensajes contra la democracia o si María Eugenia Capuchetti debe hacerse cargo de esa pesquisa por su posible relación con el intento de homicidio de CFK. La discusión la terminará zanjando el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, y, en Comodoro Py, esperan que sea entre lunes o martes.

Más allá del tramiterío judicial, Revolución Federal genera intrigas entre los investigadores. En la semana, Capuchetti recibió un informe confidencial de la UIF en el que se le informa que Morel extendió dos facturas y que cobró cerca de 1.760.000 pesos antes del atentado. Hubo un reporte de operaciones sospechosas (ROS), lo que permitiría inferir que hubo un salto pronunciado en la facturación que puso en alerta a las autoridades. La información también está en poder de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).