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En menos de 24 horas, la Cámara Federal porteña, Sala I, la llamada Sala M (por macrista) de Comodoro Py, le pegó dos golpes a la investigación sobre la tentativa de asesinato de Cristina Kirchner.

Este martes, ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal que probadamente hablaban de matar a la vicepresidenta. “No se verifica de momento la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones" (la del intento de magnicidio y las violentas acciones de Revolución Federal) y "no hay peligro procesal" en las libertades, dictaminaron los camaristas.

Así liberaron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile. Ni siquiera se dignaron a poner en la resolución que hay que profundizar la investigación para determinar si hay relación entre el ataque, Revolución Federal, el financiamiento de la agrupación, el ultraderechista-patovica Hernán Carrol y los sectores más duros de Juntos por el Cambio.

Y esa postura de la Cámara Federal es coherente con lo que los mismos magistrados --Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens-- resolvieron el lunes: sugerirle a la jueza María Eugenia Capuchetti que eleve cuanto antes a juicio la causa por el atentado. O sea, como si todo se circunscribiera a los tres detenidos por el ataque --Fernando Sabag, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo--, en lugar de esperar a poder analizar todas sus vinculaciones.

Con un agregado insólito de la Cámara: que debe profundizarse la investigación de la custodia, los integrantes de la Policía Federal y los jóvenes de La Campora que rodeaban a  CFK el 1 de septiembre.