A contramano de los intereses de Mauricio Macri, el tema del espionaje durante su gobierno volvió a resurgir. Un fiscal lo imputó por lo que describió como un plan sistemático organizado desde las altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales. Entre esos objetivos personales estaba vigilar a su hermana menor, Florencia. Entre los políticos, espiar a la principal líder de la entonces oposición, Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solo eso: Macri sabe que está en tiempo de descuento para que la Casación defina si confirma el sobreseimiento que consiguió en julio de la mano de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en el caso del espionaje a las familias del ARA San Juan. En las últimas horas, se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en calidad de amicus curiae para decirles a los casadores que tienen una oportunidad única para definir qué es inteligencia ilegal y pedirles que dejen sin efecto ese fallo que benefició al expresidente, a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a los espías que siguieron a los familiares de los 44 submarinistas.

Los integrantes de la Sala II de Casación, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, son quienes deben revisar la situación de Macri en la causa del espionaje a las familias del ARA San Juan. Tanto las querellas como la fiscalía recurrieron la decisión de Llorens, Bertuzzi y Bruglia de sobreseer a Macri y al resto de los imputados. El argumento que había dado la Sala I de la Cámara Federal porteña –eje de los cuestionamientos esta semana tras excarcelar a los integrantes de Revolución Federal– fue que la AFI efectivamente espió a los parientes de los marinos pero que lo hizo porque estaba en riesgo la seguridad del entonces presidente.