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Luego de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura.

"Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación", deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.

El escenario, sin embargo, es complicado. Y no solo porque Juntos por el Cambio decidió boicotear el tratamiento de cualquier proyecto impulsado por el oficialismo mientras durase el pedido de juicio político a la Corte. Sino también porque los tres proyectos de reforma judicial que fueron incorporados en el temario de extraordinarias - ampliación de la Corte, reforma del CdM y pliego de Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación - han sido sistemáticamente bloqueados por la oposición en los últimos tres años.

En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados.

En la Cámara baja, los números para la sanción no están - no solo por el rechazo de JxC, sino por la oposición de gran parte de los bloques "del medio" - y el escenario no pareciera que fuera a cambiar.