Juntos por el Cambio calificó un pedido formal de juicio político como una “agresión a la Corte”. En el mejor de los casos, esa calificación tiene una connotación antidemocrática, cuando no cómplice, porque el trámite está habilitado por la Constitución para evitar rincones de impunidad en el armado institucional republicano. La acusación, que es antidemocrática es, en consecuencia, el fundamento de una decisión también antidemocrática: impedir el funcionamiento del Poder Legislativo.

“No daremos quórum si continúan las agresiones a la Corte” afirmó el radical Mario Negri. La frase tiene forma de chantaje. Es increíble la impunidad mediática que cubre a Juntos por el Cambio. Los voceros del bloque macrista afirmaron después que darán la discusión en la Comisión de Juicio Político, donde el Frente de Todos tiene quórum para iniciar el debate. Pero como en el recinto al oficialismo no le alcanza, el macrismo se propone impedir el funcionamiento de las instituciones republicanas mientras el temario incluya cualquier propuesta judicial.

El pedido de juicio político se da en el marco de una serie de fallos polémicos de la Corte que preside Horacio Rosatti. Esos fallos han sido cuestionados porque en un caso intervino en la conformación de los bloques legislativos, tarea que le compete exclusivamente a los legisladores. El otro fallo cuestionado por la mayoría de los gobernadores además del gobierno nacional fue la decisión de cambiar los porcentajes de coparticipación, en favor de la CABA.

Y, llovido sobre mojado, trascendieron mensajes donde el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro, recibe consejos de Silvio Robles, el colaborador más cercano a Rosatti, sobre ese fallo y cómo operar en los bloques legislativos. La investigación de la Justicia concluyó que es imposible ubicar el origen del hackeo del celular de D'Alessandro, pero todo indica que los mensajes incriminadores son verdaderos, no son montajes y provienen del celular del ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre esa base, los gobernadores y el presidente Alberto Fernández tienen obligación de pedir el juicio político a los ministros de la Corte.