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Tras la tentativa de homicidio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la Corte Suprema miró para otro lado. Ni siquiera sacó un comunicado afirmando la gravedad institucional que implica atentar contra una vicepresidenta, dos veces presidenta y líder de una corriente política de enorme peso en el país.

 Seis meses después, la justicia sigue tratando el caso como si hubiera sido una pelea en la esquina y no un hecho político de enorme envergadura. Fue un punto neurálgico del discurso de apertura de sesiones del Congreso del presidente Alberto Fernández.

No se requerían gestos ampulosos, pero sí algunos movimientos elementales: reforzar el juzgado de María Eugenia Capuchetti dotándolo de más personal para que se priorice la investigación del ataque; exceptuar a la jueza de los turnos que le correspondían, para que se concentre en la causa; poner a disposición peritos y especialistas para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió: se perdió el contenido de la principal prueba del expediente, el celular de quien apretó el gatillo, Fernando Sabag Montiel.

Transcurrido medio año desde aquel 1 de septiembre, recién ahora se van a peritar los celulares de dos secretarias del diputado Gerardo Milman. Una declaró que compró un celular nuevo y la otra contó que borró todo. Parece una burla.

En seis meses no se pudo averiguar si el improvisado carpintero de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibió 13 millones de pesos de la familia Caputo a cambio de algo o de nada. O sea, si amigos de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio financiaban a un grupo que, de cada diez palabras que emitían, cinco eran “hay que matar a Cristina”.

Por supuesto que también la Procuración, alineada con la oposición, miró para otro lado. En las causas contra Cristina, como en Vialidad, dispuso la intervención de dos fiscales y un equipo enorme. En la tentativa de asesinato de la vicepresidente, un único fiscal, que también se mueve como si fuera un expediente más. Sólo la intervención de los dos abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, mueve el amperímetro, aunque más que mover la investigación, lo que deja expuesto es la inacción de todo el aparato judicial.