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Desde que el presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa se pusieron en marcha los mecanismos de reacción corporativa por parte de los sectores más conservadores de los jueces y fiscales. Horacio Rosatti, presidente de la Corte, por ahora dejó que actúen sus subalternos, que manifiesten lealtad. Ya será el turno de contestar con fallos. Desde que inició el juicio político hubo un sólo día de acuerdo cortesano y no se metieron con ningún tema institucional. Pero tienen sobre el escritorio resoluciones sobre la cuestión de Coparticipación y del Consejo de la Magistratura que pondrán a jugar cuando lo consideren oportuno. Además de la causa Dólar Futuro donde pueden llevar a juicio a CFK y Axel Kicillof.

Uno de los comunicados más fuertes contra las palabras del jefe de Estado llegó desde la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales. Expresaron “su más enérgico repudio” a las expresiones del presidente“enfrentando a las máximas autoridades del Poder Judicial”. Los titulares de distintas cámaras del país dijeron que se usó el discurso de apertura del año legislativo para “enmascarar un verdadero ataque” y pidieron que Fernández no desnaturalice esa “atribución presidencial”. Reclamaron que se respete la división de poderes. Nada dijeron, claro, de que esa es justamente la base del juicio político a los miembros de la Corte Suprema: su intromisión en otros poderes, desde el fallo que rapiña fondos coparticipables de las provincias para favorecer a Horacio Rodríguez Larreta hasta el que tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y pretende incluso elegir a los dirigentes políticos que lo integren por encima del Congreso.

Esa Junta de presidentes de diversas cámaras la conduce Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que durante todos estos años fue el ladero del juez Martín Doctrina Irurzun en la oficina de escuchas en la que la Corte montó una mini SIDE paralela. El comunicado lo firmaron, entre otros:

• Leopoldo Bruglia como presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, un claro ejemplo de no respeto a las instituciones y la división de poderes: llegó a esa cámara sin acuerdo del Senado y sin concurso. Fue designado a dedo por Mauricio Macri.
• Roberto Hornos, de la Cámara en lo Penal Económico, que aparece en las visitas a Macri en la Casa Rosada al igual que su hermano Gustavo.
• Eduardo Machín, de la Cámara Comercial, denunciado por obstaculizar investigaciones vinculadas a Macri y el Grupo Clarín.
• Alejandro Tazza, de la Cámara de Mar del Plata, clave para frenar las investigaciones de espionaje ilegal que involucran a Macri.

La Junta no fue la única agrupación del mundo judicial que atacó al Presidente por su discurso del 1 de marzo. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), la asociación de fiscales, manifestaron “una vez más, su profunda preocupación”, dijeron que se afecta la independencia judicial porque el Presidente “efectuó agravios inoportunos e infundados sobre el desempeño de magistrados en causas judiciales en trámite, algunas de las cuales tienen una condena, que aún no se encuentra firme, dictada por un Tribunal Oral en el marco de un debido proceso, como lo requiere la Constitución Nacional”. La cuestión, justamente, es que no hubo debido proceso en las causas de persecución judicial.

“Todo ello se da en un contexto de destrato institucional general, que se evidencia aún más, con la falta de invitación a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal a participar en la asamblea legislativa”, agregaron, sin aclarar que esa máxima autoridad, Eduardo Casal, es apenas un procurador interino, que llegó al cargo durante el macrismo luego de que Alejandra Gils Carbó fuera presionada por el Gobierno para dejar la conducción del MPF.