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El Frente de Todos encontró en las 1616 páginas que el Tribunal Oral Federal 2 destinó a justificar su condena a Cristina Fernández de Kirchner una única razón: la proscripción de la principal dirigente política del país en los inicios de un año electoral.

Después de que se conocieran los fundamentos del fallo en la llamada causa Vialidad, firmados por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los principales referentes políticos del oficialismo denunciaron una avanzada política del Poder Judicial y llamaron a movilizarse contra el lawfare.

No hubo demasiadas sorpresas tras la difusión de los fundamentos de la sentencia que se conoció el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día, CFK había dicho que no competiría en los comicios de este año para no darle al Poder Judicial la oportunidad de dejar al FdT sin su principal postulante. Se miraba en el espejo de Brasil.

Se espera que este viernes, cuando reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta vuelva a referirse al tribunal que la condenó a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En los últimos días, en una presentación que hizo ante un grupo de expertas independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), CFK dejó una definición contundente de cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina: dijo que la privó de sus derechos civiles y políticos.

CFK denuncia desde hace tiempo que la persecución judicial hace foco en ella pero es contra todo el peronismo. El Partido Justicialista nacional –que preside Alberto Fernández– salió a poner en evidencia las maniobras para dejarla fuera del juego político al expresar su “más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina”. En su comunicado, el PJ expresó que “el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los derechos humanos fundamentales".