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El juez Gustavo Villanueva se negó a mandar a los tribunales de Comodoro Py la causa donde se investigan los delitos que pudo haber cometido el contingente de jueces, funcionarios, un exagente de inteligencia y empresarios que viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido en octubre último.

Sostuvo que la causa debe seguir en Bariloche donde, por impulso de la fiscala Cándida Etchepare, ya se inició la investigación y los implicados fueron imputados por dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público.

En los tribunales de Retiro, dijo, ni siquiera hay pedido de iniciar la acción por parte de la fiscalía. Además sostuvo que los hechos centrales tuvieron lugar en Río Negro. Allí no solo aterrizó el avión privado que llevaba al grupo, señaló, sino que en esa jurisdicción se encuentra el lugar donde "se alojaron y en el cual usufructuaron las comodidades" entre las que cita "servicios de masajes, vuelos en helicóptero" y "habitaciones en el casco principal". 

 Quien pidió que la causa se mude de Bariloche a los tribunales de Retiro fue uno de los jueces del contingente, Pablo Yadarola. El viejo truco al que ya recurrió con éxito el macrismo para llevar allí todos los expedientes sobre espionaje porque confían en el resultado. La resolución que le concedió el pedido fue firmada por el camarista  Eduardo Farah con dos argumentos: que los "agentes públicos" implicados "ejercen sus funciones en el ámbito de la ciudad" y que si hubo ofrecimientos de dádivas, intercambio de favores e incumplimientos "todo también habría sucedido aquí".