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Decenas de miles de hogares sin luz hace días, denuncias que florecen con furia en municipios y organismos públicos, escuelas que tienen que evacuar a las apuradas porque se incendian transformadores: la crisis social desatada por la deficiencia del servicio de Edesur obliga al gobierno nacional a enfrentarse, por estas horas, a la disyuntiva de si quitarle o no la concesión del suministro eléctrico.

Ya hubo una denuncia penal oficial y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) avanza en un informe que de cuenta de cómo la empresa no está cumpliendo con los servicios básicos.

Pero para un importante sector del Frente de Todos aquello no es suficiente: hay que ir por la estatización de Edesur. Son cada vez más las voces oficialistas que presionan dentro del gobierno nacional para que avance en esa línea e, incluso, Máximo Kirchner y algunas espadas kirchneristas ya comenzaron a diseñar un borrador de un proyecto de ley en esa línea. De un lado a otro de la grita (interna) la conclusión, sin embargo, es la misma: la situación así no da para más.

Hace más de dos semanas que la ola de calor infernal que golpea el Área Metropolitana de Buenos Aires tiene sumida en la bronca y la incertidumbre a una media de 100 mil usuarios por día que, ocasional o ininterrumpidamente, se encuentran sin energía.

La lluvia trajo algo de alivio, pero el jueves todavía había unos 62.600 usuarios de Edesur que estaban sin luz. La excusa todoterreno de la distribuidora es que las inversiones están atadas a las tarifas y que, por lo tanto, hay que subirlas si se quiere que haya mejoras en la infraestructura.

Sin embargo, un informe del ENRE demostró que durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), cuando las tarifas aumentaron entre un 1600 y 2100 por ciento, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015. Es más, según un informe de CEPA, las inversiones en relación con la facturación se redujeron a la mitad durante el gobierno de Cambiemos.