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La Corte Suprema de Justicia está al rojo vivo. Su incandescencia se debe, en parte, al proceso de juicio político que reavivó las llamas de viejas inquinasentre los cuatro integrantes del máximo tribunal. El primer foco de combustión lo originó el funcionario más poderoso de la Corte, el secretario general de Administración Héctor Daniel Marchi, cuando señaló que hay tres jueces –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– que cuentan con la defensa “acérrima” de Elisa Carrió ante el pedido de destitución que impulsa el gobierno. Por si faltaban suspicacias, Ricardo Lorenzetti echó un poco más de nafta al fuego al decirles, por escrito, a sus colegas que no deberían intervenir en una causa que la líder de la Coalición Cívica tiene ante la Corte. Todo el episodio muestra, una vez más, cómo la cima del Poder Judicial está atravesada por las disputas partidarias.

El último episodio de una larga saga de peleas e internas palaciegas en la Corte lo generó una presentación que hizo Marchi el jueves en un expediente que los tiene a él y a Carrió como protagonistas. En enero de 2016, pocos días después de que asumiera Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica denunció a Marchi y a Lorenzetti por enriquecimiento ilícito. Los dos fueron sobreseídos a los dos meses, pero Marchi dio un paso más: demandó por daños a la diputada. En 2018, la Cámara Civil le dio la razón al contador de la Corte: dijo que no había inmunidad parlamentaria para lanzar falsas imputaciones.

El 28 de diciembre de 2018, Carrió recurrió esa sentencia y, en ese mismo acto, recusó a Lorenzetti. El encono entre la exdiputada y el supremo tiene raíces profundas y fue creciendo al son de las denuncias penales y de los pedidos de destitución que la líder de la Coalición Cívica fue presentando a lo largo de los años.

El expediente de la demanda de Marchi contra Carrió entró a la Corte en febrero de 2019, pero nadie dijo una palabra sobre si Lorenzetti debía intervenir o no. El expresidente de la Corte se excusó finalmente el 10 de marzo de 2021. Para entonces, el recurso ya había ido y vuelto a la Procuración General, donde la procuradora fiscal Laura Monti se pronunció en sintonía con los intereses de Carrió.