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La Corte Suprema contestó por escrito y aportando documentación a uno de los requerimientos que le hizo la Comisión de Juicio Político sobre la acusación relacionada con el desmanejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Con ese hecho, el máximo tribunal admite -de hecho- la legalidad de todo el procedimiento del juicio político. 

Pero, además, la Corte entregó un documento significativo, ya adelantado en sus contenidos por Página/12: el famoso mail que el ministro Juan Carlos Maqueda le dirigió a sus colegas de la Corte el 30 de agosto de 2021 admitiendo los desastres ocurridos en la obra social. “Se están eliminando prácticas corruptas -reconoce Maqueda-; se sucedieron frustradas licitaciones para equipar a la obra social de un sistema informático; no se modernizaron los sistemas, no existen manuales de sistemas. Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia”. En ese marco, el juicio político está provocando fuertes terremotos en el máximo tribunal. El martes pasado le aceptaron la renuncia al director de la obra social, Aldo Tonón, hombre de confianza de Maqueda.

Y dos días después, el secretario administrativo de la Corte, que tenía poder sobre la obra social, Héctor Marchi --vinculado con Ricardo Lorenzetti-- recusó a toda la Corte pero en especial a los otros tres integrantes -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda- porque, según dijo, están protegidos por Elisa Carrió(¿de donde le viene el poder de carrió?). La guerra es feroz. 

El juicio político es legal

La respuesta de la Corte Suprema a la Comisión de Juicio Político legitima el proceso que se lleva adelante en el Congreso. El máximo tribunal podría haber contestado que no corresponde ninguna respuesta porque el juicio político es ilegal o ilegítimo. No lo hizo. Contestó a la requisitoria.

Aún así, la secuencia es llamativa. El 15 de febrero la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, le mandó una notificación al titular de la Corte, Rosatti, pidiéndole documentación muy precisa sobre la crisis de la Obra Social. En el texto, Gaillard le menciona un famoso mail en el que Maqueda afirma: “mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa”.

Lo asombroso es que Rosatti le derivó el pedido a Maqueda, o sea el presidente de la Corte, en lugar de tomar las cosas como una cuestión del conjunto del cuerpo, le mandó el oficio a Maqueda, casi señalándolo como el responsable de los problemas de la obra social. En verdad, la Corte misma es la que está a cargo de la OSPJN y no puede delegar las culpas.