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Miles de docentes, trabajadores estatales y militantes de organizaciones sociales marcharon en San Salvador de Jujuy en reclamo de una recomposición salarial y en contra de la reforma constitucional, así como por la derogación de un decreto del gobernador radical Gerardo Morales que "avanza en la criminalización de la protesta", autoriza la represión policial, da intervención directa a la Justicia penal y cobra multas a quienes corten calles u ocupen espacios públicos en demanda de mayores derechos. El decreto del aspirante presidencial de Juntos por el Cambio cosechó el rechazo y el repudio de numerosas organizaciones sociales y políticas: la CGT planteó que "representa pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país"; la CTA de los Trabajadores lo definió como “un globo de ensayo del ajuste con represión”. Mientras, la CTA Autónoma denunció a Morales ante la OIT por violación de convenios internacionales y agrupaciones de izquierda (PO y MST) se manifestaron frente a la Casa de Jujuy en CABA contra “el estado de sitio” que impone el mandatario radical en la provincia.

Los docentes iniciaron la semana pasada un paro por tiempo indeterminado en demanda de sueldos que superen el valor de la canasta básica, fijada en más de 200 mil pesos. Un reclamo al que adhirieron otros gremios provinciales enrolados en la CTA, ATE, trabajadores de la salud, obreros municipales, viales y organizaciones sociales, que se sumaron a las masivas movilizaciones en la capital jujeña. Los convocantes estimaron que la marcha de este lunes, que recorrió San Salvador y terminó en Plaza Belgrano (frente a la gobernación), reunió a unas "15 mil personas, un número muy importante para Jujuy".

"Nos manifestamos en la calle por los salarios dignos pero también contra esta reforma constitucional que, entendemos, lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que determina sanciones graves como contravención", dijo la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, y destacó que el paro docente "tiene entre un 85 y 95 por ciento de acatamiento". El sindicato Adep también repudió el decreto que "avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente les corresponden a los trabajadores", ante lo cual presentó una medida cautelar en el Poder Judicial. Un congreso provincial del gremio rechazó la última propuesta salarial de Morales y ratificó la continuidad del plan de lucha a pesar de la amenaza de descuento de los días de paro.