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Tras la represión brutal desatada por el gobernador Gerardo Morales, el rechazo social a la reforma constitucional y el reclamo salarial docente se trasladó de Jujuy al centro porteño.

Centrales sindicales, organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos hicieron una verdadera demostración de fuerza y se movilizaron hasta las inmediaciones de la Casa de Jujuy para denunciar la violencia y las detenciones arbitrarias en la capital provincial y, a su vez, exigirle al gobierno nacional la intervención federal de la provincia.

 Alberto Fernández se pronunció muy pocos minutos después de la manifestación y anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que analizara la impugnación de la nueva Constitución jujeña. Se valió, al igual que había hecho antes Cristina Fernández de Kirchner, de los llamados de atención que hicieron organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, respecto de la situación represiva en Jujuy.

A pesar del apoyo unánime que Morales recibió de parte de sus socios en Juntos por el Cambio, todo indica que la conflictividad continúa: la CGT se declaró en estado en "alerta", los sindicatos docentes mantendrán el paro nacional por 24 horas más y en Jujuy se registraron nuevas protestas callejeras