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Me dijeron que en el Reino del Revés
nadie baila con los pies
Que un ladrón es vigilante y otro es juez
Y que dos y dos son tres

María Elena Walsh

Todo vale en el reino de Morales cuando la estrategia trazada es mostrar ferocidad. Hasta salir a pedir apoyo en contra de las protestas del pueblo jujeño y en apoyo a la represión provincial... a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. No es broma y no es fake: la secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, Marcela Infante, envió un pedido formal a la APDH para "poner en conocimiento y denunciar" "excesos en el derecho de protesta que provocan cortes de ruta nacionales y provinciales", calificarlos de "acción ilegítima", y pedir la "inmediata" intervención del organismo. La APDH respondió a lo que considera "una provocación más" señalando que viene apoyando, justamente, esos reclamos, porque "la reforma Constitucional llevada a cabo en Jujuy, implica un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta social, a la participación y a la manifestación y movilización pacífica". Y recordando, de paso, que el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en una carta que le envió al gobernador Gerardo Morales.

Lejos de buscarbsolucionar en estas tres semanas el conflicto, el gobierno jujeño parece apostar a una escalada, tras denunciar penalmente a quienes participaron de las protestas. Muchos y muchas de los que estuvieron detenidos hoy siguen recibiendo notificaciones y se acumulan las causas, a medida que se suman las contravenciones invocadas. Un caso entre muchos al que tuvo acceso Página/12: al joven Kevin Nahuel Llanos, de 23 años, lo liberaron con dos causas abiertas; ayer se enteró que tiene seis más, que van de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del transporte público a "estorbo funcional" y "estragos". Fue citado hoy al juzgado y no puede pagar por su defensa. 

El gobierno de Morales difunde las "más de cien causas" como propaganda, con la enumeración de multas que superan los dos millones de pesos y de las contravenciones aplicadas: Desórdenes públicos, escándalos públicos, omisión al ceder el paso a ambulancias, perjuicios a la propiedad privada o pública, reuniones públicas tumultuarias... A una "persona con retraso madurativo moderado", la multan con 42 días de trabajo comunitario.