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@Simon_Suarez17

Transcurridos solo 75 días del gobierno de Milei, la ciudadanía se enfrenta a una situación dramática, para resolver sus necesidades básicas cotidianas y por la incertidumbre ante lo que se viene anunciando vinculado al “ajuste doloroso” en marcha.

Rebaja de sueldos a los maestros vía no pago del FONID, porque “no existe” al decir del vocero presidencial, cesantías en diversos organismos públicos, quita de fondos a los comedores que dan de comer a cuatro millones de personas, liquidación del fondo fiduciario que asigna recursos para fines determinados como: infraestructura de transporte, programas Procrear y Progresar, infraestructura hídrica, coberturas de salud, políticas contra incendios, defensa de humedales, etc. A todas estas temáticas, el Presidente las aglutina en la frase vulgar y falsa de “es plata para la caja de la política”.

Como revancha de su derrota parlamentaria, Milei ordenó clausurar la negociación para la actualización del salario mínimo, vital y móvil, condenando a millones de trabajadores/as y a beneficiarios de ayudas sociales, a la guadaña de la licuación inflacionaria de sus ya modestísimos ingresos. Se trata de una de las tantas crueldades que tiene un efecto inmediato en la vida de los 27 millones de pobres. Este número patético surge de la estadística del observatorio de la UCA.

La preocupación se potencia por la velocidad del deterioro social: en el tercer trimestre del 2023, la pobreza ya era altísima con un guarismo del 44,7 por ciento, pero en enero se elevó al 57 por ciento. A ese dato se le debe sumar el otro componente lacerante, la indigencia, que trepó al 23,8 por ciento. Es necesario aclarar que el término indigencia es engañoso, ya que oculta la esencia del dato estadístico: se trata de adultos y niños/as que no pueden adquirir su alimento cotidiano. En suma, convivimos en un país sumido en la indignidad de la pobreza, con 7 millones de personas que pasan hambre.