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@Simon_Suarez17

A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan una situación inédita: si el gobierno no dispone un aumento de las partidas y continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses podrían cerrar sus puertas. Frente a ello, las autoridades al frente de las diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así visibilizan la gravedad de la situación. Por el momento, pese a los intentos individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron infructuosos. 

El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto y, para peor, desde el Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello se frenó la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023.´

Si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación que supera el 250 por ciento interanual, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza. En la cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Mantener las aulas abiertas será todo un desafío en un escenario así. De hecho, la paralización podría dejar a unos 300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2 millones y medio de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir cursando las carreras.