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Durante varias horas, en los pasillos y las oficinas de los organismos del Estado hubo más efectivos de las fuerzas de Seguridad que trabajadores.

 Los edificios de casi todos los ministerios amanecieron bloqueados desde temprano por operativos de Prefectura, Policía de la Ciudad y hasta de la Policía Aeroportuaria: ésa fue la forma en que el Gobierno decidió darles a conocer a miles de empleados públicos que habían sido despedidos. 

Muchos ya habían recibido, durante el fin de semana largo, el telegrama o el mail con la comunicación oficial de que sus contratos no habían sido renovados; otros terminaron de confirmar en el momento que estaban en la calle. Bajo la lluvia de la mañana, cobijados por los paraguas verdes y blancos de ATE Nacional y ATE Capital, cientos de delegados y referentes gremiales intentaron dar una respuesta.

Algunos pudieron ingresar al hall de sus dependencias para hacer asambleas –en el INADI lo hicieron a pesar de la represión–, y otros realizaron radios abiertas para denunciar el plan motosierra

. En suma, el primer día hábil después de semana santa dejó una nueva postal característica de la era Milei: protestas masivas en defensa de derechos recortados, desguace de políticas públicas y la aplicación del protocolo anti-piquetes como principal respuesta de las autoridades.

“El ministerio amaneció militarizado, con mucha más policía de lo habitual y un clima muy tenso.

 Armaron un ingreso para los trabajadores del ex ministerio de Desarrollo Social y otro para Salud. Nuestra idea fue armar un gazebo sobre la plazoleta de Moreno y Lima, y nos provocaron todo el tiempo para forzar una represión, que evitamos.

Pudimos hacer un acto y vamos a seguir peleando por la reincorporación, porque en nuestro ministerio tenemos despedidos de planta permanente, otros con enfermedades oncológicas, otros con certificado de discapacidad y hasta hay un ex combatiente de Malvinas en la lista negra.

 No hubo criterio, fue todo al voleo. Estamos enfrentando un programa de desguace del Estado”, contó a Página/12 Ingrid Manfred, delegada de ATE Capital en el Ministerio de Capital Humano, el más afectado por el plan motosierra, con unos 1.200 despidos en total.