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En el comedor del barrio donde vive Johana, en Almirante Brown, dejaron de cocinar con garrafa y volvieron a hacerlo con leña, algo que no les pasaba desde la crisis del 2001. Eso, en el mejor de los casos: hay días, cuenta, en que ya no llegan a parar la olla, y otros en que se quedan cortos y no alcanza para todos.

“Los vecinos ahora hacen una recorrida de varias cuadras, buscan a ver dónde consiguen uno que esté abierto”, cuenta.

Ese nivel de deterioro de los comedores comunitarios es lo que fue a denunciar, con sus compañeros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el bloque de Unidad Piquetera, hasta las oficinas del ministerio de Capital Humano, sobre la Avenida 9 de Julio. Su columna fue una de las que recibió de frente los balazos de goma, los gases lacrimógenos y los chorros de los camiones hidrantes.

 Ella misma sintió un golpe a la altura de la rodilla, y enseguida notó el sangrado y la marca del perdigón. “Cuando la policía empezó a avanzar nos replegamos enseguida, pero no nos dió el tiempo y ya estaban disparando, a mansalva. Nos persiguieron después hasta casi la altura de Constitución, como si fuera una cacería”, cuenta.

Las organizaciones denunciaron que la movilización en reclamo de mayores raciones para la asistencia alimentaria en los barrios terminó con una represión que calificaron como “brutal”. El saldo fue de nueve detenidos (dos de ellos militantes del Polo Obrero, otros dos del “MTR 12 de Abril” y el resto del Darío Santillán, la CCC, “Votamos Luchar”, la CTA y el Bloque de Trabajadores Migrantes) que en la noche del miércoles permanecían en la Alcaldía 4 de la Policía de la Ciudad. Desde la puerta de la comisaría realizaron más tarde una conferencia de prensa, en la que denunciaron más de cien heridos por los palos. Uno de ellos terminó en el hospital, “desfigurado a palazos”, revelaron.