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Cuando existe un ajuste económico de la magnitud y velocidad como el que está ejecutando el gobierno de Javier Milei, al cual todavía le falta el impacto de los tarifazos y el alza vertiginosa del desempleo por los despidos en el sector público y los derivados de la hiperrecesión en el sector privado, aparece el interrogante sobre cuál es el umbral de tolerancia social a semejante agresión al bienestar.

La experiencia indica que es bastante pese a la mezcla de ansiedad y angustia de varios grupos sociales y sectores económicos. Los antecedentes históricos muestran que los estallidos de los planes de ajuste estuvieron gatillados, si bien con presiones de todo tipo acumuladas durante años, desde el frente financiero-cambiario.

El freno abrupto en el ingreso de dólares financieros y/o comerciales y la exacerbación de la fuga de capitales fueron los principales factores que provocaron la debacle de programas regresivos en términos sociales, productivos y laborales, que derivaron en el hundimiento de proyectos políticos vislumbrados de largo plazo.

Esto implica que no son sólo tiempos políticos o etapas de un ciclo económico que terminan agotando a una sociedad, sino que el disparador del estallido, de acuerdo a la enseñanza ofrecida por eventos traumáticos pasados, fue el estrangulamiento del sector externo.

En concreto, cuando los gobiernos se quedaron sin dólares y se disparó la corrida cambiaria, con más o menos pesos en la economía –lo importante es la velocidad de circulación del dinero, no la cantidad-, se produjo el estallido, el cual tuvo diferentes manifestaciones, con más o menos intensidad, en los últimos 50 años.