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La consigna “con la nuestra”, tantas veces repetida por Javier Milei, aplica perfectamente a sus viajes privados, como el que realiza a España, en el que participa de un acto partidario de Vox, la fuerza de ultraderecha.

En su carrera por la reelección, en 2019, la tesorería de la campaña de Donald Trump, tuvo que pagar 1.400.000 dólares por el uso del avión Air Force One, para participar de algunos actos en La Florida.

Lo propio tuvieron que hacer Barack Obama por dos viajes en 2012 y antes George W. Bush en 2004. En todos los casos se utilizaron criterios discutibles: se calculó el costo del pasaje en primera clase o de un charter.

Las organizaciones civiles siempre consideraron que el cálculo es bajo, porque un viaje presidencial implica el movimiento de todo el aparato de seguridad, no sólo en el viaje mismo.

La cuestión no está planteada únicamente en Estados Unidos. Las leyes obligan a los partidos de un presidente a pagar los gastos en el Reino Unido, Canadá, Australia y muchos otros países.

Incluso con términos más duros que los que rigen en la política norteamericana.

La Argentina no tiene una ley específica, pero quienes transitaron por la Casa Rosada sostienen que encuadra en malversación de caudales públicos utilizar fondos que tienen un destino y se tuerce en beneficio personal.