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El Gobierno pisó el acelerador en las últimas semanas con el plan privatizador. Las principales empresas públicas a las que Javier Milei ya les puso el cartel de venta comenzaron a sufrir con mayor fuerza el embate de la motosierra. 

A través de despidos por goteo y retiros voluntarios y el recorte de fondos y funciones, en Casa Rosada buscan asegurarse la “reducción de gastos operativos” de firmas como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes Argentinos y el Correo, entre otras.

En algunos casos, como los medios públicos, donde el interés pasa por mandar a remate terrenos codiciados por el mercado inmobiliario, el proceso incluye el desguace de funciones o lisa y llanamente, el abandono.

 En la mira están los contratos de unos 108 mil trabajadores que según datos oficiales se desempeñan en las distintas empresas públicas y que representan el principal obstáculo para el objetivo libertario de facilitar el ingreso de capitales privados.

Mientras espera que progresen las negociaciones para destrabar en el Congreso la ley bases –cuyo capítulo dos incluye nueve empresas a privatizar y/o concesionar– el Gobierno comenzó a preparar el terreno para ofrecerlas al mercado.

Tal es el caso del Correo, cuya venta o concesión por ahora es objetada por los gobernadores patagónicos y donde entre abril y mayo ya se decretaron unas 520 cesantías y más de 1700 retiros voluntarios.

 La misma suerte corre Aerolíneas, cuyo remate también está siendo negociado en el Senado, lo que no privó al Ejecutivo de avanzar en un plan de “reestructuración” con poda de trabajadores y desfinanciamiento general incluidos, a lo que se le suma la política de “cielos abiertos” y el recorte progresivo de rutas.