El Ministerio de Capital Humano delegó en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos con fondos públicos argentinos. De ese modo, el procedimiento quedó fuera de los mecanismos de control del Estado nacional. Como parte del fondeo para tareas que le encarga a ese organismo internacional, la cartera a cargo de Sandra Pettovello ya le giró 6.772.500.000 pesos y acordó darle una comisión de 6%, que luego bajó a 5%. Hasta ahora la única adjudicación concretada fue para la adquisición de 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos, que no se sabe dónde están. Página/12 hizo la consulta, pero no obtuvo respuesta. 

Estas operaciones se tejieron en medio del escándalo por la interrupción de entrega de alimento a los comedores comunitarios vinculados con organizaciones sociales junto con la aparición de 5 millones de kilos de de mercadería en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán. Queda a la vista la doble vara. 

Está vigente la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de toda esa mercadería guardada, con las cantidades de cada producto, sus fechas de vencimiento y a qué comedores u organizaciones serán entregadas. Si no cumple, incurrirá en desobediencia. En paralelo la Sala II de la Cámara Federal, tramita la apelación del gobierno en esa causa y convocó a una audiencia el miércoles de la semana que viene. 

El argumento del Gobierno para no dar comida a la gente que tiene hambre es que la ministra Pettovello está auditando la distribución de la gestión anterior y dice que hay comedores que no existen. Todo el mundo sabe a esta altura que muchos comedores cerraron o atienden con menos frecuencia porque precisamente la comida no alcanza, lo que no quita que pueda existir alguna irregularidad aislada.