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Javier Milei cumplirá el lunes seis meses en el gobierno. Sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expuestas en innumerables ocasiones. Sin embargo, si hay algo en lo que coinciden es en la impugnación del proceso de memoria, verdad y justicia. Un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta muestra cómo estas políticas –que hicieron de la Argentina un ejemplo en el mundo– tambalean desde que asumió la administración libertaria.

El 2 de abril pasado, Milei usó la conmemoración por los 42 años del desembarco en Malvinas para lanzar una consigna de futuro: llamó a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Un mes y medio después, en la Casa Rosada, inauguró un busto de Carlos Menem y habló de los indultos que el riojano firmó como una "herramienta constitucional" para pacificar la Argentina. No le importó que la Corte Suprema hubiera dicho que eran inconstitucionales.

Milei no encarna la batalla por la "memoria completa", pero los combates contra el movimiento de derechos humanos son parte de su “batalla cultural”. Villarruel –que milita hace más de 20 años en organizaciones ligadas a la defensa o reivindicación de las fuerzas que actuaron en la represión ilegal– hizo en estos meses algunas intervenciones quirúrgicas que tuvieron que ver con el ataque a las referentes de los organismos –como Estela de Carlotto, Taty Almeida o Hebe de Bonafini–, la reedición del discurso del “curro de los derechos humanos” o la reivindicación de su padre por haber actuado en el Operativo Independencia –considerado por los tribunales como la “antesala” del genocidio que se implementó a lo largo y ancho del país.