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Dos horas después de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires dieran una conferencia de prensa para rechazar que la SIGEN audite a la universidad, un funcionarios de ese organismo de control se presentó en su sede para notificarlas de que estaba habilitado para hacer la auditoría.

El hombre de la SIGEN -José Fretes, gerente de control- informó a los movileros que se agolparon en el lugar que necesitaba una oficina para instalar a su gente y acceso a la documentación, que obviamente, la UBA no le dará hasta que la justicia se expida sobre si esta auditoría es legal.

No hay ofensiva libertaria sin show: el nuevo round entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas tuvo su escenificación para las cámaras (y las redes).

Se vió a la SIGEN entregar su notificación, a las empleadas de la mesa de entradas recibirlo, aunque la escenografía remitía, involuntariamente para el gobierno, al desfinanciamiento: en primer plano las computadoras de la mesa de entrada, vetustas; de fondo una pared que había perdido pedazos de su revoque.

En paralelo, los centros de estudiantes y los gremios preparan una tercera marcha federal, que tiene fecha tentativa para el martes 12 de noviembre.

Para las autoridades de la UBA, el gobierno quiere convertir a la SIGEN “en un caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica”. Así lo señalaron en un comunicado, días atrás, cuando pidieron a los tribunales una declaratoria de certeza sobre si el organismo de control que depende del Poder Ejecutivo, la SIGEN, puede realizar el procedimiento.

Este lunes, para reforzar su argumento de que el problema no es ser auditados, sino la intención de la Casa Rosada para hacerlo, los integrantes del consejo superior anunciaron en la conferencia de prensa que ya abrieron una convocatoria nacional e internacional para que estudios “profesionales e independientes” realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.