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El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, resolvió rechazar una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco de una acción de amparo colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 943/23, conocida como “Protocolo Antipiquetes”. De todos modos, el juez dijo que “observará presencialmente con suma atención" todo lo que suceda durante la movilizacion convcada para este miércoles, "a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta".

La medida solicitada pretendía suspender el referido protocolo y que se ordene al Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos.

La acción originalmente iniciada por CELS argumentaba que el Protocolo Antipiquetes vulnera los derechos constitucionales enunciados en lo sartículos 14, 14bis, 19, 28, 75 inciso 12 e inciso 22 y los artículos 7.2, 13,15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.