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Patricia Bullrich fue protagonista, a su modo, de la movilización del 18 de junio. Lo hizo apostando a las fuerzas de seguridad en los principales accesos a la Ciudad para impedir que los manifestantes llegaran a la Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. Horas después, la ministra de Seguridad dijo que estaban controlando que los papeles de los micros estuvieran en regla porque los militantes muchas veces se suben a colectivos que están en situación irregular. Para la regional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ministra Bullrich incurrió en un abuso de autoridad al impedir el derecho de reunión y manifestación, y, por eso, la denunció penalmente en los tribunales de Comodoro Py. La presentación recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

En su denuncia, Daniel "Tano" Catalano señaló que existen restricciones a la protesta desde diciembre de 2023, cuando Bullrich firmó la resolución 943, más conocida como el protocolo antipiquetes –que está impugnado tanto ante la justicia nacional como ante organismos internacionales. Le sumó que esta semana, Javier Milei y Bullrich rubricaron el decreto 383, que reforma la Policía Federal Argentina (PFA). Con este decreto, quedan habilitadas la detención de personas sin orden judicial, las requisas y los registros.

Catalano denunció que dos micros que venían desde La Plata con militantes del gremio estatal fueron frenados cuando intentaban cruzar por el llamado Puente Viejo, alternativo al Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Se les impidió, de esa forma, ejercer su derecho a manifestarse a favor de CFK o de protestar contra la prisión domiciliaria que le impuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.