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El atropello brutal de la jueza Sandra Arroyo Salgado contra los militantes acusados de realizar un escrache al diputado José Luis Espert es un síntoma de descomposición. Lula da Silva, presidente de Brasil, el principal vecino y socio comercial del país, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por la Corte, pero no quiso mantener una bilateral con el presidente Javier Milei.

Fue otro síntoma de descomposición. El alto ausentismo en las elecciones provinciales es un indicador que confirma que todo huele mal en el país de la Libertad al Carajo y por eso JP Morgan anunció que se bajaba de la bicicleta financiera.

En el ambiente de Comodoro Py, al que nadie podrá acusar de piel delicada, sorprendió la sobreactuación de Arroyo Salgado, empujada por Espert, el hombre que hizo sus campañas con el respaldo de un reconocido narco, luego detenido en Neuquén, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los detenidos fueron acusados de participar en el escrache que consistió en colgar un pasacalle y dejar bosta de caballo en la puerta de la casa de Espert, pero ni siquiera está probada la participación de ninguno de ellos. La carátula que les encajó la jueza fue: participar en una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza, como si fueran terroristas del califato mundial.

El escrache se produjo días después que Espert fuera expulsado de la Universidad Católica por calificar de hija de puta a Florencia Kirchner. La consigna de Espert en su campaña es “cárcel o bala”, al estilo de las viejas consignas del nacionalsocialismo alemán.

Ese tipo de consignas surgen cuando el sistema empieza a derrapar. Mucha bala, mucha bala, pero Espert nunca explicó su relación con el narco Fred Machado, quien financió su campaña y puso a su disposición el avión particular y otros vehículos con los que se trasladaba el candidato y de los que tenía la cédula azul. Machado fue detenido por pedido de los Estados Unidos.