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Valijas que llegan al país y no pasan por los controles. Manifestantes que son caracterizados como terroristas o, al menos, como delincuentes si osan cortar una calle. Mozos que son detenidos por tuitear contra el Presidente.

Fuerzas federales que son reformadas por decreto sin permitir que el Congreso opine.

Relatores de Naciones Unidas que advierten sobre la situación de la protesta social en Argentina.

En ese contexto se inserta la última movida de Patricia Bullrich: la consolidación de su propio ejército de agentes encubiertos que se moverán en las redes sociales, lo que implica que podrán interactuar también en conversaciones y chats de quienes son señalados como delincuentes desde el poder.

La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica este martes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial (BO). Una de ellas aprueba un protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales –es decir, de aquellos que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. 

La otra, dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados.

“Autorizan a los integrantes de las fuerzas a inventar perfiles truchos para infiltrarse en redes y tentar gente a decir cosas. Con las últimas resoluciones o decretos, están tapando agujeros por donde entraba el agua. Están aumentando las facultades de las fuerzas y legalizando lo que venían haciendo de manera irregular”, advierte María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).