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José Luis Espert tiene una receta para todo lo que le molesta: cárcel o bala. Ése es el mensaje que les dedica a quienes militan en el kirchnerismo, la izquierda o en los gremios. Pese a que su forma de hacer política está directamente ligada a la violencia y que viene coleccionando denuncias penales desde hace más de tres años, el Poder Judicial no investiga el accionar del diputado nacional que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y es aliado del presidente Javier Milei. Se aplica una regla totalmente diferente cuando quien denuncia es Espert, como mostraron la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes en menos de un mes se las ingeniaron para mandar a militantes peronistas a cárceles federales por participar de un escrache contra el economista.

Espert se define como “férreo opositor” al kirchnerismo desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Así se lo dijo a la jueza Arroyo Salgado, que en su juzgado de San Isidro investigó una protesta que se hizo en la casa que Espert comparte con su pareja y los hijos de ella en la zona de Beccar.

Desde al menos 2022, Espert viene acumulando denuncias en los tribunales de Comodoro Py por sus ataques. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), entonces conducida por Horacio Pietragalla Corti, lo denunció por instigación a la violencia en dos oportunidades. La primera, cuando pidió cárcel o bala para integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que estaban haciendo una manifestación frente al Ministerio de Trabajo.