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No era necesaria tanta violencia contra gente que se iba a manifestar un rato y que se iba a ir sin problemas", dijo Steffens tras la movilización. "Quisieron acallar nuestras voces", agregó.

El principal reclamo es que el nomenclador de las pensiones no contributivas por discapacidad no aumenta desde noviembre de 2024. El monto total representa el 70 por ciento de una jubilación: no alcanza los 300.000 pesos. La plata no cubre ni siquiera los cuidados mínimos de una persona con discapacidad, que necesita al menos seis profesionales para lograr la integración, ni hablar de una discapacidad avanzada. 

"De forma privada es imposible de sostener. La obra social le hace a mi hija una valva, que es una botita de plástico para que pueda caminar, y eso, haciéndolo particular en un buen lugar, me cuesta 1000 dólares", contó Steffens.

Pero, además, los familiares reclaman también que los trámites para no perder las prestaciones, luego de la baja masiva de prestaciones que dispuso el gobierno en marzo, son engorrosos, complejos e inaccesibles. 

"Parece un gobierno espartano: tiramos a las personas con discapacidad por el acantilado. Tiene que haber justicia social, este es un tema de derechos humanos", concluyó.