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En la Andis pasaban demasiadas cosas al mismo tiempo que corrían las coimas.

Antes de salir eyectado del cargo por el escándalo de los medicamentos, Diego Spagnuolo le dejó servido al Gobierno un ajuste en las pensiones por discapacidad de dimensiones brutales.

En su informe ante el Congreso, Guillermo Francos renoció este miércoles que, gracias a la auditoría que impulsó el exfuncionario, el Ejecutivo está en condiciones de dar de baja del beneficio nada menos que a unas 500 mil personas. 

El número surge del total de beneficiarios que según informó el jefe de gabinete nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos y otros trámites que la Andis les exige para no caerse de la ayuda estatal.

De acuerdo a un decreto firmado por Federico Sturzenegger en septiembre pasado, no recibir la citación para auditarse en tiempo y forma es causal suficiente para la baja.

La intención era culpar a los beneficiarios por supuestamente no haber actualizado su domicilio, como una forma de justificar la poda.

Según consta en las metas del presupuesto 2025, el ajuste ya era cosa juzgada: de las 1.266.945 pensiones que estaban vigentes a principios de este año, el Ejecutivo planea entregar en diciembre solo 749.451. Una meta muy en línea con el plan motosierra.