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Tres años después de que intentaran matarla, la frase de Cristina Fernández de Kirchner "me quieren presa o muerta" se hizo carne. La había pronunciado después de recibir la condena del Tribunal Oral Federal 2 en el caso "Vialidad" (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), que llegó tres meses después del intento de magnicidio. Lo que no pudo la bala con la que quiso asesinarla Fernando Sabag Montiel es a lo que trató de acercarse la Corte Suprema al confirmar la decisión de aquel tribunal que la acusó sin pruebas por el direccionamiento y por sobreprecios en obras viales en Santa Cruz inspirado en la máxima de estos tiempos: "no podía no saber". Despojarla de sus derechos políticos, borrarla de la escena política, de eso se trata. Es la coranación de lo que algunos llaman lawfare, aunque otros prefieren hablar del uso del sistema de justicia por parte del político, económico y, habría que agregar, geopolítico. Como se lo llame, tiene algo en común con el atentado a CFK que es esa apuesta a provocar una herida en el devenir democrático. No se puede hablar del intento de magnicidio contra la expresidenta sin aludir a los fallos que la llevaron en junio último a quedar detenida. Son formas violentas que pretenden lo imposible, porque Cristina no dejará de ser la líder política que es en su tiempo histórico. 

La piedra que allanó un camino

El intento de matar a Cristina puso sobre el tapete la expresión más extrema de lo que los grupos de ultra derecha que se multiplicaron desde la pandemia reclamaban cuando pedían "pasar a la acción". Hizo explícita la agresividad profunda que permeaba en el descontento social y que cimentó el camino para que no mucho después Javier Milei se convirtiera en Presidente a fuerza de insultos, gritos, mecanismos de descalificación y bastardeo de los pilares republicanos y democráticos como el Congreso. Quizá no haya sido casual que Cristina recibiera la primera pedrada --literal-- que anticipaba lo que podía venir, en su despacho del Senado cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022. La violencia verbal odiante, que se exteriorizó de formas diversas en las calles y en agrupaciones que luego confluyeron en la escena del atentado, fue y puede seguir siendo performativa. Pero no sería el caso precisamente de un brócoli volando en una caravana electoral en el conurbano, aunque el gobierno actual quiera traducirlo como tentativa de homicidio.