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Con la mejor cara de piedra, mientras desfilan por Comodoro Py los protagonistas de las coimas en la Andis, el Gobierno se niega a implementar los fondos necesarios para cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad, ni siquiera si se lo exige la justicia. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien estaba cerca de declarar nulo el DNU con que la Rosada había vetado la ley por segunda vez, tras la insistencia del Congreso. El juez había dado lugar a un amparo colectivo impulsado por familiares y organizaciones del sector, que siguen denunciado el ahogo económico de los prestadores, cuyas instituciones de apoyo están al borde de la quiebra. En ese marco de puja por recursos, el procurador pidió además declarar “abstracto” el expediente, con un insólito argumento: alegó que las partidas para aplicar la norma en realidad están garantizadas en el presupuesto de 2026, pero no en el proyecto del Gobierno, sino en el dictamen de minoría. Es decir, en el de la oposición.

El amparo colectivo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos menores de edad con discapacidad. Reclamaban la real aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue suspendida en los hechos mediante el Decreto 681/2025, que lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aquél decreto fue la respuesta del Gobierno a la asistencia de la oposición sobre la ley, que obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Lo que hizo Francos fue promulgarla, pero sin fondos y suspendiendo prácticamente todos sus artículos, una forma decorosa de vetarla por segunda vez.