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Whirlpool, por ejemplo, cerró su fábrica de lavarropas en el Parque Industrial de Pilar. La compañía explicó la decisión como producto de una combinación letal: abrupta caída de las ventas, disminución de las exportaciones y apertura de importaciones.

La planta, inaugurada hace tres años, producía 150 mil lavarropas anuales cuando había planificado fabricar 300 mil. Pero no es la única firma que baja las persianas. Se trata de un fenómeno ascendente: desde el inicio del gobierno actual hasta agosto de este año cerraron 30 empresas por día y, en total, se perdieron 276 mil puestos de trabajo registrados, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La industria panadera, vinculada integralmente al mercado interno, también atraviesa una fuerte crisis. Fuentes del sector calculan en más de 15 mil los trabajadores y las trabajadoras despedidos en los últimos meses como consecuencia del cierre de miles de panaderías. Distintas empresas pertenecientes a diferentes ramas de producción atraviesan situaciones similares. En el marco de un modelo que no apuesta por la producción local, la caída del consumo y las menores ventas, entre otros factores, generan una situación de crisis creciente.

Mientras, las compras online al exterior acumularon un incremento anual del 48,8%. Ello incluye los envíos por plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Amazon, con un salto del 237%. Los aranceles reducidos y el tipo de cambio bajo para importaciones explican en buena medida el fenómeno.

Como consecuencia del modelo en ejecución, en los últimos meses la mora en el sistema financiero subió significativamente, aunque de manera diversa: mucho más en las personas que en las empresas, y más específicamente en tarjetas de crédito. Por supuesto, el hecho está relacionado con lo que ocurre en la economía real: las empresas o las personas no dejan de pagarle a los bancos porque “se convierten en malos”, lo hacen porque no pueden afrontar esos pagos.

Las empresas que cierran o que despiden, suspenden o deciden importar en vez de producir en el país, anticipan problemas porque esos argentinos y argentinas que han sido despedidos o suspendidos dejan de percibir ingresos y, consecuentemente, tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones. Lo mismo sucede con las empresas que dejan de vender o venden menos: presentan dificultades porque han hecho una proyección de su evolución productiva que no se cumple.

Por otro lado, según el INDEC, la actividad económica se recuperó levemente en septiembre: creció un 0,5% con relación a agosto. Podemos tener dudas sobre estas cifras ya que el supuesto buen nivel de actividad económica convive con una menor cantidad de asalariados privados registrados, así como bajos salarios y bajos niveles de consumo popular.

El cierre de empresas, con el consiguiente despido de trabajadores y trabajadoras, sucede en un contexto donde hay sectores que crecen (minería, energía, agro, etc.) sin que generen una cantidad significativa de puestos de trabajo ni una mejora de las condiciones de vida para la mayoría de los argentinos y las argentinas.

Respecto del caso específico de los sectores extractivistas, podrían no generar mucho trabajo, pero sí mayor tributación y, por lo tanto, contribuir a mejorar la situación fiscal. También podrían generar divisas. Pero al ser inversiones que llegan en el marco del RIGI, no producen una mejora significativa en la recaudación impositiva ni aportan más dólares para el fortalecimiento de las Reservas, porque esas compañías no tienen restricciones para girar esos dólares al exterior.