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Hace 25 años, el país suscribió la resolución de la ONU que estableció el 3 de diciembre como el Día de la Discapacidad. Desde entonces, “las cosas no cambiaron mucho. Tuvimos varios avances y algunos retrocesos en materia de derechos, pero seguimos siendo el último orejón del tarro”, dice a Página/12 Ana Dones, referente de REDI, una de las organizaciones con más historia del colectivo. “Lo que nunca imaginamos”, agrega, “es que en estos últimos meses íbamos a sufrir todo lo que sufrimos”. La serie de reproches a Javier Milei quizás sea la más extensa que el sector haya acumulado nunca contra los distintos gobiernos. “Están dejando a los chicos sin sus terapias y a los adultos sin la pensión. El daño puede ser irreparable, por eso estamos desesperados. Para colmo, nos roban en la cara”, describe Dones.

Con una larga lista de reclamos, que van desde la aplicación de la Ley de Emergencia –necesaria para sacar del ahogo financiero a las instituciones de apoyo– hasta el cese del ajuste sobre las pensiones (un fallo de la Cámara federal de Catamarca ordenó restituír las casi 200 mil que habían sido recortadas), distintas organizaciones tomarán este año el 3 de diciembre como un día de lucha contra Milei. Habrá una concentración frente a la sede de la Andis para luego marchar hacia el Congreso, en simultáneo con los jubilados y las organizaciones sociales. También realizarán una conferencia de prensa junto a los médicos y residentes de Garrahan, que también se plegarán más tarde a la convocatoria multisectorial.

Enemigos públicos

La del este miércoles al Congreso será una marcha más de las tantas que el colectivo protagonizó este año. Movilizaron a la quinta de Olivos, al Congreso, a la propia Andis y a Plaza de Mayo, con réplicas en las principales ciudades del país, siempre con reclamos renovados. A fuerza de salir a la calle, las familias y sus organizaciones lograron poner a la discapacidad en el centro del debate público, con la ayuda inestimable de la crueldad oficial.

“Fue un montón. Estamos agotados, pero hay que seguir mucho más”, dice a este diario la actriz Valentina Bassi. “La sensación es que el Gobierno eligió a las personas con discapacidad como enemigos en primera fila y nosotros respondimos a los ataques saliendo a luchar. Y así fuimos logrando cosas, como la Ley de Emergencia. Pero pasan las semanas y siguen sin aplicarla ni darle los fondos necesarios, así que es un círculo vicioso”, dice Valentina, que se erigió como una de las voces de la pelea de madres y padres por sostener las terapias de sus hijos.

Valentina explica que el miedo a que su hijo Lisandro, un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pierda su escolaridad especial por la crisis del sector de los prestadores, fue el motor para salir a la calle. “Yo no tengo plan B. Si la escuela de Lisandro cierra, me muero. Trabajamos un montón para encontrarle el ambiente adecuado para que crezca feliz, contenido. Yo preferiría obviamente dedicarme a actuar full time, pero esta es una situación límite y la desesperación mueve montañas”, dice.