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El Gobierno de Javier Milei fogonea la persecución penal de militantes de los años ‘70 para ponerlos en pie de igualdad con los militares que llevaron a la práctica un plan de exterminio, como quedó acreditado en más de 350 sentencias judiciales. Uno de los expedientes que despertó el interés de los operadores del oficialismo es el que se centra en la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Sin embargo, el tiro terminó saliendo por la culata en la audiencia que se celebró el jueves en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando la abogada Myriam Bregman recordó que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual espada del Presidente en el Senado, es una de las personas que aparecen señaladas en el expediente.

La tensión subió pasadas las 10.15 de la mañana del jueves, cuando se escuchó el nombre de Bullrich en la audiencia que se estaba llevando a cabo para decidir si debe abrirse una investigación sobre ese hecho atribuido a la organización Montoneros.

–Los nombres que eligieron son nombres al azar porque la mayor parte de quienes ellos consideraron responsables de este hecho fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos. Tuvieron que elegir nombres rimbombantes porque, si no, la causa no tendría sentido, no saldría en los medios. ¿Esa selección sabe qué problema tiene? Tiene el problema del paso del tiempo. Y tiene nombres (de personas) que al principio acusaban y ahora no se pueden nombrar. ¿El nombre saben cuál es? Patricia Bullrich– dijo Bregman, que interviene en la causa junto con Liliana Mazea.

–Último minuto– la cortó el presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña.

Pero ya era tarde: había un rumor en la sala. En el público se escuchó: “Traigan a Patricia”.

La historia de este expediente se inicia a las 10.35 del 21 de agosto de 2003. Ese día se presentó Hugo Raúl Biazzo para radicar una denuncia por “estrago” por el artefacto explosivo que detonó en la SSF, donde tenía su sede la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) –la fuerza con más entrenamiento para la represión política– y funcionaba un centro clandestino de detención.