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Las conversaciones entre el Gobierno provincial y la oposición en la Cámara de Diputados del Chaco para avanzar con la sanción de la ley de Bono de Consolidación de Deudas y la modificación de la ley de actividad portuaria atraviesan un nuevo punto muerto. Aunque en ambos bloques legislativos admiten que existen expectativas renovadas para retomar el diálogo, la oposición condiciona cualquier avance a la llegada de una "señal" concreta por parte del Poder Ejecutivo: la concreción del adelanto de coparticipación comprometido a los municipios.

Ese se gesto —que habría sido acordado al momento de consensuar la renovación de las autoridades de la Cámara— es considerado clave para recomponer la confianza y reabrir formalmente las negociaciones. Recién después de que ese compromiso se materialice, el diálogo podría retomarse en torno a dos iniciativas que quedaron pendientes al cierre de 2025 y que el Gobierno considera estratégicas para ordenar las cuentas públicas y potenciar el desarrollo productivo.

El ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, habís considerado que "los proyectos están presentados. Depende del análisis de los legisladores y del acuerdo entre ellos para poder avanzar". En ese contexto, llamó a "pensar en el bien del pueblo del Chaco y no tanto en los intereses partidarios". "Hay oportunidades que, si no se aprovechan ahora, después ya no vuelven", sintetizó.

El ministro, detalló además que el bono es importante, aunque remarcó que el proyecto clave es la reforma de la ley de actividad portuaria. "El Chaco es uno de los pocos distritos donde el Estado está obligado por ley a operar el puerto" dijo y añadió: "esta iniciativa apunta a habilitar concesiones mediante licitación, incluso con esquemas de participación público-privada, para lograr mayor competitividad".

El funcionario advirtió que, si no se aprueba en el corto plazo, el tratamiento se postergará varios meses. "Si esto pasa a marzo y después a abril o mayo. Las oportunidades cuando pasan, después se pierden", alertó.

La oposición, en cambio, sostiene que el freno responde al incumplimiento de compromisos básicos. Legisladores justicialistas señalan la falta de informes detallados sobre la consolidación de deuda —montos, rubros y listado de acreedores— y, especialmente, la ausencia de garantías sobre la transferencia de fondos a los municipios.