A pesar de la resistencia de Javier Milei, la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá entrar en plena vigencia en los próximos diez días hábiles. Ese es el plazo máximo que la Justicia le impuso al Gobierno nacional para implementar la normativa que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante el año pasado. “El 4 de febrero tiene que estar todo cumplido; si no, comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia”, destacan las familias del colectivo que presentó el amparo.

En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”. De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.

“La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple”, manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las “dilaciones y las excusas”. “Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final”, celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.

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