Desde que el Boeing C-40C perteneciente a la flota de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó este domingo al mediodía en Ushuaia, la opacidad alrededor de los objetivos de la comitiva que iba a bordo no paró de crecer. Ante el silencio incial de la Casa Rosda, la embajada norteamericana hizo correr la versión de que un grupo de congresistas republicanos y demócratas llegaron hasta el fin del mundo únicamente interesados en asuntos como el “procesamiento de minerales críticos” y la “investigación en salud pública”. Pero Página/12 pudo constatar que además realizaron una recorrida en catamarán alrededor de la costa lindante con el puerto recientemente intervenido por decisión de Javier Milei. Fuentes de la gobernación de Tierra del Fuego sostienen que el arribo los tomó por sorpresa, que los norteamericanos llegaron sin invitación de la provincia y optaron por no reunirse con ninguna autoridad local. La oposición no tardó en pedir explicaciones: la senadora fueguina de Fuerza Patria, Cristina López, elevó un pedido de informes al Ejecutivo para que aclare “cuál fue el motivo oficial del vuelo, el carácter de la visita y los objetivos perseguidos por la delegación transportada”.

López pidió además conocer “si el Poder Ejecutivo Nacional evalúa o ha evaluado otorgar participación, injerencia o control a potencias extranjeras sobre infraestructuras estratégicas en la Provincia de Tierra del Fuego”. Esa susceptibilidad tiene un origen más que cantado en las relaciones cada vez más carnales entre Milei y Donald Trump, quien no se ruboriza al decir que desea anexar a Groenlandia como una cuestión de “seguridad nacional” de los Estados Unidos. ¿Por qué no pesaría el mismo interés geopolítico sobre Tierra del Fuego, que cuenta con el puerto más austral del mundo, la puerta natural de acceso a la Antártida y los dos únicos pasos bioceánicos del planeta?

El desembarco de la comitiva norteamericana también se inscribe en la trama de la reciente intervención del puerto de Ushuaia. El Gobierno argumentó que la decisión estuvo motivada en que se detectaron supuestas “irregularidades financieras”, además de “desvíos de fondos” y “déficit de infraestructura”. La gobernación de Tierra del Fuego, en un comunicado oficial, dejó clara su postura: aludió a virtuales “intencionalidades geopolíticas o económicas” detrás de la medida.