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El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente de la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a inversiones financieras.

La presentación judicial sostiene que el Ejecutivo municipal habría colocado recursos estatales en instrumentos bursátiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario específico ni autorización formal del Concejo Municipal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal consultadas por PERFIL señalaron que la administración considera haber actuado dentro del marco legal vigente y, según reconstruyó este medio, se encontrarían preparando una respuesta institucional a la denuncia.

Inversiones municipales bajo sospecha

El planteo penal describe una presunta operatoria financiera en la que el Municipio habría adquirido cheques de pago diferido en segmentos no garantizados del mercado bursátil, lo que implicaba asumir el riesgo crediticio directo de empresas privadas emisoras.

Según surge del escrito judicial, varias de esas operaciones habrían derivado en rechazos de pago al vencimiento, lo que podría haber comprometido recursos del erario público. En la denuncia se mencionan estimaciones periodísticas que ubican el posible perjuicio económico municipal en torno a los $2.500 millones, dentro de una operatoria general del mercado que habría generado pérdidas cercanas a los $12.000 millones.

El documento sostiene que parte de los fondos invertidos podrían haber tenido afectación específica, es decir, recursos destinados por normativa a servicios esenciales, programas sociales u obras públicas. Bajo esa hipótesis, el desvío hacia inversiones bursátiles podría configurar una aplicación distinta a la prevista legalmente.

Sin embargo, la comuna sostiene que también resultó afectada por la operatoria financiera investigada y que analiza avanzar con acciones legales orientadas al recupero de los fondos comprometidos, al igual que otros actores del mercado que habrían resultado perjudicados.

El presupuesto municipal

Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se apoya en el análisis técnico de las Ordenanzas Presupuestarias 9263 y 9406, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.

De acuerdo con la documentación incorporada, el Presupuesto 2025 fijó un cálculo general de recursos superior a los 57.459 millones de pesos, incluyendo un esquema de financiamiento por más de 14.235 millones, mientras que para 2026 ese financiamiento proyectado se elevaría a cifras cercanas a los 27.170 millones, lo que representaría un crecimiento cercano al 91%.

El planteo judicial destaca que los propios cuadros presupuestarios reflejarían un escenario de déficit estructural, con proyecciones de desequilibrio financiero que alcanzarían aproximadamente los $9.222 millones en 2025 y superarían los $19.000 millones en 2026.

Dentro de ese contexto, la denuncia plantea una pregunta: cómo un municipio que proyecta déficit y prevé cubrir gastos mediante endeudamiento podría disponer de excedentes para realizar inversiones bursátiles especulativas de alto riesgo.

El escrito sostiene además que en la estructura presupuestaria no existiría una partida específica que habilite inversiones financieras no bancarias ni resoluciones administrativas que documenten individualmente cada colocación de fondos, su monto, su destino ni la evaluación técnica del riesgo económico.

Según información recabada por PERFIL, se pudo confirmar que la relación operativa con la Bolsa de Comercio del Chaco no es reciente, el Municipio realiza operaciones financieras a través de ese ámbito desde al menos el año 2018, bajo mecanismos que, según sostienen, contaron históricamente con controles administrativos y validaciones de los organismos de control correspondientes.