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La presentación del proyecto de ley 303 en la Legislatura del Chaco, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, abrió un fuerte debate entre el oficialismo, dirigentes sindicales y especialistas en derecho laboral.

La iniciativa propone modificar el régimen de licencias gremiales en la administración pública y eliminar el pago de salarios por parte del Estado a los dirigentes sindicales que se encuentren en uso de esas licencias.

POSTURA OFICIAL 

Desde el oficialismo, el presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, defendió la propuesta al considerar que el esquema actual implica un gasto injustificado para el Estado. "Somos la única provincia donde el Estado paga el sueldo a quienes toman licencia para ejercer funciones gremiales. Eso es injusto para la sociedad"

Según explicó, el sistema implica que el Estado pague tanto al dirigente con licencia como a quien lo reemplaza en su puesto. "Solo en el sistema educativo se gastan cerca de cien millones de pesos por mes: cincuenta millones en sueldos de quienes están de licencia y otros cincuenta en quienes los suplantan", afirmó. En total, estimó que el costo mensual ronda los 200 millones de pesos.

En la misma línea, el ministro de Gobierno del Chaco, Julio Ferro, señaló que la reforma busca "ordenar el gasto público" sin afectar la libertad sindical. "Se garantiza la reserva del puesto, la antigüedad, la licencia y la tutela sindical. Lo único que se modifica es que el Estado deje de pagar el sueldo a quien no presta servicios", explicó.