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Ninguno de los dos pudo reelegir y debieron abandonar sus puestos rodeados de escándalos y un fuerte descrédito. Ambos tienen denuncias en la Justicia y están acusados de aprovechar la función pública para realizar negociados. El caso de Macri es todavía más grave porque su gestión dejó al país en la ruina económica y con una deuda externa enorme que sólo sirvió para alimentar la fuga de capitales.

Macri tiene motivos para no preocuparse por la justicia en Argentina. Históricamente el radicalismo y los conservadores controlaron los ámbitos relacionados con el Poder Judicial, desde las corporaciones de abogados, hasta las de jueces y fiscales. Son los colores políticos de un estamento con privilegios feudales. Lo demostraron las últimas elecciones que se realizaron entre abogados y jueces para integrar la Magistratura, en las que ganaron las candidatas macristas. Aunque avance el proyecto de reforma de la Magistratura que esta semana aprobó el Senado, en este momento, el macrismo tendría mayoría.

En consonancia con esas identidades políticas, el presidente derechista de Uruguay, Luis Lacalle, dió protección al operador judicial de Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Y lo mismo el derechista mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, cuyos diputados en el Parlasur tratan de posponer la sesión para expulsar al prófugo Rodríguez Simón.

Mientras a Macri el Poder Judicial le habilita una gira turística interminable por el exterior, a pesar de estar imputado en varias causas, este jueves la Corte rechazó todos los recursos presentados por ex funcionarios kirchneristas, Julio de Vido, Pablo Schiavi y Carlos Ben. El jueves, la Cámara Federal decidió con chicanas mínimas impedir que Cristina Kirchner y el Senado sean querellantes en la causa por el ataque a pedradas del despacho de la vicepresidenta.