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Desde septiembre de 2021, la administración y el mantenimiento de la vía navegable troncal de la hidrovía Paraná-Paraguay están a cargo de la Administración General de Puertos (AGP), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, en esta etapa de transición hacia una nueva concesión privada de la "ruta fluvial" por donde sale el 80% de la producción argentina. Esa delimitación contractual para atender sólo el curso principal del río Paraná deja afuera obras inmediatas que requieren las vías navegables secundarias, como el riacho Barranqueras. Y de ahí el pedido surgido desde el Consejo Federal de la Hidrovía reunido en Resistencia, para comenzar a cambiar esa situación. 

Tras la reunión de ese espacio conformado por las siete provincias "frentistas" de la hidrovía, el interventor de la Administración General de Puertos, José Beni expuso su visión sobre el manejo de las vías navegables y el rol del Estado.

El Consejo Federal de la Hidrovía, que además está integrado por los ministerios de Transporte (que lo preside), Desarrollo Productivo y del Interior, requirió al presidente Alberto Fernández una reunión, ocasión en la que las provincias presentarán un pedido de modificación a la concesión transitoria de la hidrovía que ejerce la AGP, para incorporar obras nuevas de dragado y balizamiento que incluyan los accesos a los puertos públicos de toda la traza y a las vías secundarias.