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No es novedad que la caída de la actividad económica y un gobierno nacional que aún no encontró techo en achicar la presencia del Estado hasta en cuestiones esenciales lleva a que las administraciones provinciales vean que estas acciones repercuten en sus cuentas a la par de atender algunas cuestiones que por normativa son competencia nacional.

A este contexto desfavorable, el Ejecutivo provincial marcó desde el inicio de la gestión un complicado cuadro financiero por obligaciones que cumplir tanto en el mediano como en el largo plazo que hicieron que deba pedir asistencia a la Casa Rosada casi todos los meses con montos que fueron de mayor a menor.

El decreto provincial 1068 firmado el viernes ratifica el convenio que firmaran autoridades chaqueñas el último lunes con funcionarios nacionales por un giro anticipado de 70.000 millones de pesos, casi un 17% más de lo que venía solicitando mes a mes para atender obligaciones corrientes.

A esto también debe sumarse el adelantado solicitado en marzo a la administración Milei apenas conocido el acuerdo electoral que llevó a que integrantes de la Libertad Avanza formen parte de la propuesta oficial para las legislativas de mayo por un total de 120.000 millones de pesos y que tuvo un tratamiento especial no descuento automático como el resto de las operaciones sino que se efectúa durante el transcurso del año.

Lo concreto es que esta suerte de renovación casi automática que efectúa la administración provincial acompañada de una merma de recursos coparticipables enciende las alarmas que lleva a que deba ajustarse puertas para adentro.

Así, pudo saberse hace días que el gobierno provincial redujo un 30% los montos que se abonaban por viáticos que cobran agentes públicos y funcionarios como también es conocida e incluyó protestas de varios sectores el cese de becas o transferencias directas que se realizaban a integrantes de organizaciones sociales, que eran montos menores y no representaban una contraprestación laboral.