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La Corte Suprema se pintó la cara para la guerra. Ésa es la lectura que hacen desde el Poder Ejecutivo y el Senado después de que tres de los cuatro integrantes del máximo tribunal desplazaran a un senador oficialista de su banca en el Consejo de la Magistratura, diez días antes de que terminara su mandato.

Los cortesanos no solo sacaron a Martín Doñate y ordenaron que su lugar lo tome Luis Juez –del PRO– sino que descargaron una batería de acusaciones contra la presidencia del Senado –que ejerce nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner–. Entre otras cosas, los supremos dijeron que la designación del legislador había sido un “ardid”.

Lo curioso es que el propio Horacio Rosatti le había tomado juramento meses atrás, en su doble rol de presidente de la Corte y del Consejo. 

Desde el Senado respondieron que se trata de un deliberado conflicto de poderes con una Corte interfiriendo en decisiones políticas del Congreso para beneficiar a la oposición. El ministro de Justicia, Martín Soria, calificó a los supremos de garantes de la impunidad del macrismo y dijo que eran la punta de lanza para perseguir al peronismo.

Disputa de poder

Desde hace tiempo que la Corte Suprema decidió dar la disputa de poder con el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección y sanción de los jueces y juezas. Después de las elecciones de medio término, en el máximo tribunal empezaron a anunciar que rescatarían del arcón de los recuerdos una acción que había iniciado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la ley –aprobada en 2006– que cambiaba la composición del Consejo. La ley había sido promovida por CFK, entonces senadora. El Colegio de la calle Montevideo es una entidad conservadora que suele comulgar con los reclamos de los represores y empatizar con las cruzadas del macrismo.