LEER EL DIARIO HACÉ CLICK>>>>www.oktubremedios.com.ar

Al anunciar que pedirá que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa en que debiera investigarse el atentado contra su vida, Cristina Fernández de Kirchner puso en duda la voluntad de la magistrada por descubrir a los verdaderos responsables. Pero no es la primera vez que la jueza Capuchetti queda señalada por "inacción procesal" cuando aparecen, en el camino de la investigación, sospechosos vinculados al poder financiero. 

La misma magistrada es la que tiene a cargo tramitar la acusación contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzzennegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar, a pesar de que pasó más de un año desde aquella imputación. 

Luis Caputo también aparece mencionado, a través de una empresa familiar, en el supuesto financiamiento del grupo de sicarios que intentó matar a Cristina. Según uno de los abogados intervinientes en la causa Crédito del FMI, "el poder judicial nunca avanza cuando enfrente está el poder económico, y la inacción de Capuchetti en ambos casos es un reflejo de eso". 

Capuchetti juró como jueza federal el 7 de mayo de 2019, cuando se hizo cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 5, que estaba vacante desde la renuncia de Norberto Oyarbide. A Capuchetti se le reconoce una extendida trayectoria en tribunales. Fue secretaria letrada durante un largo período del juez Sergio Torres, a cargo del juzgado de instrucción 24. Tiempo después, Torres pasó a encabeza el juzgado número 12 de Comodoro Py. Capuchetti lo acompañó en la mudanza. Ese tribunal fue el que recibió la denuncia de Hernán Arbizu, ex número 2 de JP Morgan para el Cono Sur, cuando se autoimputó como responsable de la fuga de capitales en favor de las principales empresas y de las mayores fortunas del país. 

El listado y la documentación incluída comprometía a más de 400 nombres, entre empresas y particulares. Pero Torres incurrió en lo que unos llaman "inacción procesal" y otros, simplemente, "cajonear la causa para proteger a los denunciados". Jamás se investigó ni se citó a declarar a nadie.